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Cuidar es un trabajo

En Empoderadas se recalca que, al arribo de cada nueva participante, como empleada en cualquier área de trabajo, incluso como empleada del hogar, le asiste el derecho a reclamar en caso de estar sometida a explotación, o sea si recibe un pago menor al legal, se niegan a darles de alta en la Seguridad Social, se le imponen jornadas de trabajo mayores a 8 horas diarias, se le niegan las horas de descanso, el día y medio libre por semana, los 30 días de vacaciones remuneradas por año, los pagos extra completos de julio y diciembre, y el pago de prestaciones conforme a la ley. Saben que estos casos pueden llevarse ante un juzgado, tenga o no la trabajadora migrante un contrato por escrito e independientemente del estatus legal de su estancia en el país.

Muchas valoran, como Malena, este espacio.

Cuidar a personas mayores es un trabajo, como también lo es realizar actividades de limpieza y quehaceres del hogar, se convenga por las partes bajo contrato escrito o no, y tiene estipulados por la Ley los derechos y deberes de las partes contratante y contratada. Por consiguiente, cuidar a la persona cuidadora implica primordialmente cumplir con la Ley.

Respecto a los derechos y formas por las que la trabajadora migrante tenga acceso a ellos, por Ley, cabe señalar que tanto la afiliación al Sistema de Seguridad Social y consignar la dirección en la que habita en el Padrón del Ayuntamiento correspondiente, son los pasos que lo permiten. No hacerlo les conculca los derechos básicos, a pesar de que estén trabajando.

Si la trabajadora migrante es inscrita en la Seguridad Social tendrá acceso a prestaciones, como cualquier otra persona trabajadora, tales como asistencia sanitaria, incapacidad temporal, nacimiento y cuidado del menor, riesgo durante el embarazo, pensiones por incapacidad permanente, jubilación, prestaciones familiares, seguro escolar, seguro de vejez e invalidez y desde octubre de 2022 también a prestación por desempleo, una de las grandes demandas de las trabajadoras del hogar a lo largo de los años ya que era una discriminación frente al resto de personas trabajadoras en España.

Si a la trabajadora migrante, en modalidad de interna o alquilando habitación en un piso particular, su empleador o su casero le facilitan su dirección podrá cumplir con su deber y derecho de empadronarse, pues toda persona que vive en España está obligada a inscribirse en el padrón del municipio donde reside, ya que para empadronarse debe presentar pasaporte o tarjeta de residencia, contrato de alquiler o autorización del dueño de la vivienda donde se aloja, o autorización de otra persona que resida en el domicilio siempre que esté empadronada.

Así la trabajadora migrante contará con el documento que acredita el tiempo de permanencia en el territorio español, independientemente de si tiene o no residencia o la misma está en trámite; además, el volante de empadronamiento lo requieren varias gestiones, como justificar la residencia, solicitar una plaza escolar, acceder al carné de conducir, matricular un vehículo, trámites administrativos de residencia, acceder a ayudas por desempleo, recibir asistencia de los Servicios Sociales o acceder a descuentos, entre otros.

La tarjeta sanitaria del Servicio Cántabro de Salud identifica a la persona como usuaria del Sistema y acredita su derecho a las prestaciones sanitarias. Al adquirir fármacos prescritos por el Sistema, la farmacia identifica el porcentaje de copago que corresponde. Se tramita anualmente por las personas migrantes que no están afiliadas a la Seguridad Social. Para que una persona extranjera obtenga la tarjeta sanitaria se requiere que presente el volante de empadronamiento, pasaporte o permiso de residencia en vigor; y, en caso de cambio de domicilio, debe aportar, además, un volante de empadronamiento actualizado.

Quienes transitan por procesos administrativos, para regularizar su estadía, se ven sometidas al estrés de enfrentarse a las solicitudes de cita previa, las semanas de espera para ser atendidas presencialmente, los días, semanas y hasta meses o años para recibir el documento tramitado. Y periódicamente, anual o semestralmente, deben volver al peregrinaje para obtener las renovaciones documentales a su vencimiento. Y todo lo digital, asesorándose en el uso del móvil y buscando ayuda cuando solo es posible hacerlo desde un ordenador.

Cuando la atención es presencial, muchas mujeres migrantes pasan por una atención en la que la o el funcionario no tiene el menor interés en facilitar información o la desconoce, hace engorroso el trámite e, incluso, se dan casos en los que muestra abierta o veladamente su discriminación a la persona migrante.

Las modificaciones recientes al Reglamento de la Ley de Extranjería acortan ciertos requisitos y tiempos en el proceso de obtención de la residencia y el permiso de trabajo, así como para obtener la nacionalidad; sin duda esto es favorable para la trabajadora migrante, cuenta Ana Terán, abogada del Área Jurídica del Movimiento por la Paz Cantabria.

Sin embargo, y pese a la vigencia de Ley, las mayores dificultades que enfrentan las mujeres migrantes radican en la actitud y acciones de sus empleadores, caseros y funcionarios públicos. Sea por falta de información sobre la Ley o adrede; el punto es que se abusa de la vulnerabilidad de las mujeres migrantes, hay violaciones a la Ley e impunidad, y la reforma al Reglamento no contempla acciones en dirección a corregir estas falencias.

En este sentido cabe esperar que las administraciones profundicen sus campañas de sensibilización e información, dirigidas tanto a la ciudadanía en general como, y muy específicamente, hacia sus funcionarios.

Se puede concluir que, a pesar de que la mayoría de las mujeres migrantes en Cantabria han tenido o aún tienen un peregrinaje difícil para conocer y lograr el goce de los derechos que les asisten por Ley, al encontrar apoyo en las ONG, como MPDL, o en espacios como Empoderadas, renuevan sus esperanzas.

Lesli